CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Nicaragua la “liberación inmediata” del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel en febrero por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a opositores excarcelados y desterrados.
En un comunicado emitido el miércoles, el tribunal con sede en Costa Rica señaló que notificó al Estado de Nicaragua “para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa” y “adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal”.
Asimismo, le dio plazo al gobierno nicaragüense hasta el 7 de julio para que informe sobre la situación del obispo.
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Álvarez es la figura de la Iglesia católica más crítica del gobierno de Daniel Ortega, quien ha acusado a los religiosos de apoyar las protestas sociales de 2018 que su gobierno considera un fallido golpe de Estado.
El gobierno no ha comentado hasta el momento la resolución del tribunal interamericano.
La CorteIDH también instó al gobierno a que, mientras se realizan los trámites para la liberación del religioso, se le garantice “un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada” y que se facilite su contacto con familiares y abogados.
Según la CorteIDH, las medidas provisionales se tomaron debido a que Álvarez, de 58 años, se encuentra en una situación grave y en riesgo “de que se consumen daños irreparables a su vida, salud e integridad personal”.
El obispo está recluido en la cárcel Modelo, al norte de Managua, el penal más grande y populoso de Nicaragua y que alberga a unos 3.000 reos, en su mayoría presos por asaltos, asesinatos, feminicidios y otros delitos graves.
La CorteIDH indicó que la situación del obispo se ve agravada por haber sido despojado por el gobierno de su nacionalidad y sus derechos ciudadanos de forma perpetua, lo cual “lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Álvarez estuvo bajo control policial desde agosto cuando las autoridades lo mantuvieron encerrado en la curia episcopal de Matagalpa, a 130 kilómetros de la capital, y luego lo trasladaron a Managua, donde permaneció bajo vigilancia en una vivienda familiar.
El 9 de febrero el obispo se negó a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores que habían estado presos y que ese día fueron liberados y despojados de su nacionalidad y pensiones por vejez, reveló el propio Ortega públicamente. Horas después fue sometido a un juicio exprés y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión.
Otros tres sacerdotes están encarcelados en Nicaragua acusados de delitos comunes. Según la oposición, Ortega mantiene a casi 50 presos políticos en distintos penales del país.
Nicaragua vive una grave crisis desde las protestas sociales de 2018 que fueron reprimidas por policías y paramilitares leales al gobierno cuyas acciones dejaron al menos 355 muertos, 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
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